La gobernadora admitió que fue un gasto millonario sin resultados mientras se le cuestionó por la falta de supervisión y la posibilidad de corrupción.

La gobernadora Jenniffer González Colón reconoció que el contrato de escaneo de carga en el Puerto de San Juan firmado en 2009 y operado por la empresa 2SPR, representó un gasto millonario sin resultados concretos para la seguridad ni la recaudación contributiva.

Según datos oficiales, el sistema costó más de $168 millones entre 2011 y 2024, financiados a través del “Enhanced Security Fee”, con un impacto estimado de $65 millones anuales para la cadena de suministros.

“Este dinero ya se pagó (…) Hay un informe del Contralor de 2019 que decía que el contrato no era bueno para el gobierno de Puerto Rico, pero no se había tomado acción. La estamos tomando ahora”, dijo la gobernadora al anunciar la cancelación, que será efectiva en 90 días.

La conferencia, sin embargo, estuvo marcada por preguntas de la prensa sobre por qué no se detuvo antes un contrato que facturaba inspecciones sin realizarse, y si hubo corrupción detrás de su permanencia durante más de una década. “¿Quién tenía la responsabilidad de supervisar esto?”, cuestionaron periodistas, subrayando que el costo total rondaría los $600 millones que terminaron pagando tanto el gobierno como los consumidores a través del aumento en productos.

El director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, admitió que el sistema operaba como si estuvieran “sueltos por su casa”, sin reglamentos ni procesos claros, y que “ninguna de las dos cosas estaba sucediendo”, en referencia a la seguridad portuaria y la recaudación contributiva.

Aunque dijo que quisiera que se investigara si hubo corrupción, aclaró: “No tengo el expertise para hacer esa determinación (…) esas investigaciones tienen que ser llevadas por la agencia pertinente”.

Negrón también confirmó que la empresa intentó extender el contrato hasta el 2041, pero la Junta de Supervisión Fiscal la frenó.

“La sexta enmienda fue sometida a finales del año pasado y la Junta rechazó la extensión. Eso dejó vigente la quinta enmienda, que mantiene el contrato hasta 2033”, explicó.

En medio de la controversia, la senadora Joanne Rodríguez Veve reaccionó a través de sus redes sociales, destacando que la decisión de la gobernadora coincide con denuncias que su oficina presentó en mayo pasado. Según Rodríguez Veve, el contrato contenía cláusulas “leoninas” y representaba “un gasto anual de aproximadamente $20 millones para el pueblo de Puerto Rico”, que se traducía en precios más altos para los consumidores.

“Así como hacemos críticas, también es importante reconocer cuando se actúa en la dirección correcta. En mayo denunciamos que se intentaba extender este contrato sin subasta y hoy se anuncia su cancelación”, expresó la senadora, quien advirtió que seguirá vigilante sobre cualquier nuevo sistema que se implemente en los puertos.

Por ahora, el gobierno de González Colón insiste en que su prioridad inmediata es detener el gasto.

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