En 60 días el Gobierno de Puerto Rico debe decidir si somete a Antonio Ramos Cruz a un juicio nuevo o lo libera.

El juez federal Francisco Besosa Stubbe concedió hoy la solicitud de libertad (habeas corpus) de Antonio Ramos Cruz, convicto en 1992 por la matanza de una madre y sus dos hijos, hechos conocidos como la “Masacre de Trujillo Alto”.

Ramos Cruz ya disfrutaba de libertad provisional en lo que el tribunal resolvía su solicitud. Besosa Stubbe ordenó al Gobierno de Puerto Rico que, en 60 días, o le celebre un juicio nuevo o lo libere.

La decisión federal se suma a la cadena larga de vuelcos legales en los 35 años desde los “asesinatos horripilantes” de Haydée Teresa Maymí Rodríguez y sus dos hijos, Eduardo Enrique y Melissa, de cinco y tres años, respectivamente, en la residencia de la mujer en Trujillo Alto.

El 24 de febrero de 1992, un jurado condenó a Ramos Cruz y a Juan Carlos Meléndez Serrano por los tres asesinatos ocurridos en junio de 1989. La teoría del equipo de fiscales que encabezó el controvertible Andrés Rodríguez Elías era que los convictos habían agredido sexualmente a la mujer y luego la mataron. El único testimonio a esos efectos fue el de dos hermanos, entonces adolescentes. Luego, cuando prueba genética en la ropa interior, o bragas, de la víctima los excluyó, Ramos Cruz pidió un juicio nuevo, que el Tribunal de Primera Instancia le concedió, pero el Apelativo y el Supremo no.

El hombre entonces recurrió al foro federal mediante el recurso de habeas corpus, que se usa para revisar la validez de sentencias en tribunales estatales. Besosa Stubbe fustigó al Departamento de Justicia cuando no le produjeron a tiempo las traducciones al inglés que se requiere de todo el expediente del caso, incluyendo las transcripciones de los días de juicio amasaron 2,236 páginas.

Tras el examen del expediente, el juez federal basó su decisión en sus observaciones sobre el juicio y en que Apelaciones falló al pretender que Ramos Cruz aportara prueba adicional a la genética para darle validez a su reclamo de juicio nuevo. La decisión apelativa está “plagada de determinaciones irrazonables de hechos”.

“El Tribunal de Apelaciones minimizó repetidamente el análisis de mtDNA, y falló en comprender el siguiente hecho: la prueba que tiende a excluir a un supuesto violador de la escena del asesinato es relevante, particularmente cuando la agresión sexual alegadamente motivó a los sospechosos a cometer el delito”, argumentó el juez.

No es la única deficiencia del sistema de justicia en este caso que Besosa Stubbe resaltó.

“La Policía de Puerto Rico falló en preservar evidencia crítica y contaminó la escena del delito, el arma homicida apareció abruptamente en el hogar del esposo separado (de la víctima) meses después del triple homicidio y dos testigos oculares se retractaron de sus declaraciones iniciales a la Policía después de una entrevista de nueve horas y de que los amenazaran con procesarlos”, resumió también sobre lo que detectó en las transcripciones del juicio. Estos hermanos son Bárbara y José Martínez, quienes entonces tenían, respectivamente, 15 y 17 años de edad. Además de amenazarlos y someterlos a interrogatorios por horas, los fiscales los cuestionaron uno en presencia del otro, lo que abonaba a que coordinaran sus versiones.

Algunos de los hechos, harto conocidos, en los que Besosa Stubbe se detuvo al hacer su propio resumen del expediente del caso son:

-Cuando la Policía entró a casa de la víctima después de que los vecinos los alertaran por el hedor, no hubo control de la escena. Vecinos, policías, prensa entraron al lugar y tocaron objetos. Los agentes descartaron objetos como evidencia allí mismo y fue por accidente que abrieron el congelador para encontrar el cadáver de la niña arriba y la nevera con el cuerpo de su hermano abajo.

-”Por razones que este tribunal no puede comprender”, la Policía dio permiso a los parientes de las víctimas para que lavaran el apartamento días después, incluyendo las manchas de sangre en las paredes del cuarto donde encontraron el cuerpo en descomposición de la mujer, así como las sábanas, matres y ropa llenos de sangre. Luego, personal del Departamento de Salud entró y fumigó el lugar.

-Los familiares también sacaron artículos, como los cuchillos de cocina que la Policía no había incautado aunque todas las víctimas murieron por heridas punzantes. Por una corazonada, la suegra de la víctima sacó de la basura un cuchillo en el que encontró dos pelos. Resultó ser compatible con las heridas de los menores. El cuerpo de la mujer estaba tan descompuesto que no se pudo hacer el examen para determinar compatibilidad de las heridas con el filo. Como se habían desechado sábanas y ropa, los cuerpos tuvieron que ser exhumados para recobrar pelos y hacer comparaciones.

-Aunque la teoría de fiscalía era de violación como motivación para las muertes, las bragas de la víctima no se examinaron para semen hasta dos años después de las muertes, y tres meses después de que los hermanos Martínez dieron el único testimonio que apuntaba a los acusados. La pieza de ropa interior la produjo al Instituto de Ciencias Forenses el policía Pablo Quiñones, quien, “por razones que no son aparentes en las transcripciones del juicio, asumió custodia de la ropa interior después de las autopsias, o retuvo posesión de esta evidencia desde el principio de la investigación”. El análisis forense se hizo sin documentar las condiciones en que se había almacenado la pieza en todo ese tiempo y concluyó que no había presencia de semen.

Besosa Stubbe subrayó también cómo el juez que presidió el juicio por la masacre, el ya retirado Hiram Sánchez Martínez, luego dijo que hubiera absuelto a los acusados si el proceso hubiera sido por tribunal de derecho y abogó por una clemencia ejecutiva para Ramos Cruz.

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Vea:

Apelativo federal mantiene en libertad a convicto por Masacre de Trujillo Alto