Algunos se oponen a una medida que otorgaba un incremento de $1,000 porque interfiere con un análisis fiscal.

En el marco de poner en vigor la nueva «Ley Especial de Aumento Salarial para el personal no docente del Departamento Educación (DE)», que representaría un aumento salarial de $1,000, salió a relucir en una vista pública que se encuentra en la fase final para establecer el nuevo Plan de Clasificación y Retribución.

La información se emitió ante la Comisión de Educación, que preside la representante Tatiana Pérez Ramírez, gracias al Proyecto de la Cámara 703 radicado por Carlos «Johnny» Méndez y, a su vez, por petición del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras.

La exposición de motivos establece que empleados no docentes, o sea, enfermeras, sicólogas, personal de mantenimiento, seguridad y administrativo, llevan desde el 2013 sin recibir un aumento salarial.

«La realidad salarial del personal regular no docente, administrativo, de oficina, psicología, enfermería, y seguridad del DE es que en la gran mayoría de los casos se encuentra recibiendo un salario menor a $10.50 y esto es inaceptable», reza la medida.

Actualmente, las oficinistas mecanógrafas, conserjes y oficinistas reciben un salario de $8.42 por hora, muy por debajo del mínimo establecido por ley en Puerto Rico.

Para el DE, el plan de clasificación que ya tienen encaminado crearía un nuevo modelo retributivo que contaría con 23 escalas salariales, comenzando con un mínimo mensual de $1,929 y un máximo de $8,546.

Esto además afectaría a 7,936 empleados, de los cuales 6,319 (el 79%), se beneficiarían del incremento. El restante 21%, unos 1,617 empleados, no tendrán beneficios económicos debido a que su salario actual supera el mínimo de escala retributiva recomendada.

Se estima un golpe presupuestario para el nuevo Plan de Clasificación y Retribución para el personal no docente es de aproximadamente $36,233,811, según estableció el DE en vista pública.

«Este cálculo se efectuó en diciembre de 2024 y, debido a los ajustes ya realizados en varias de las clases incluidas en dicho presupuesto, la cifra podría variar. Esto implica que el monto final podría ser menor o mayor, según las fluctuaciones del mercado laboral», estableció el DE.

Dado a que Educación esta en la recta final para establecer el nuevo Plan de Clasificación y Retribución al personal regular no docente, ha surgido oposición a la medida porque interviene con dicho proceso.

«Su aprobación podría generar inequidades internas y afectar negativamente la viabilidad fiscal del sistema», concluyó en su ponencia el secretario de Educación Eliezer Ramos Parés.

Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico insistió en que no puede existir una programación financiera hasta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe este ajuste fiscal.

También, la medida legislativa necesita un análisis de «impacto fiscal, presupuestario y económico riguroso antes de su aprobación», para que especifique de donde será la fuente de financiamiento para el aumento de $1,000.

«La medida propuesta pudiese tener un impacto al fisco, al presente indeterminado, el cual debe ser evaluado adecuadamente. De igual manera, debe evaluarse si la propuesta es consistente con los parámetros del ‘Civil Service Reform’ del Plan Fiscal certificado», sostuvo Luis Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales de la agencia.