Impactarán directamente al sector de leche

La Asociación de Agricultores de Puerto Rico denunció que los recortes presupuestarios que se le están imponiendo al sector agrícola por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ponen en riesgo los principales programas de ayuda a los agricultores y el objetivo de seguridad alimentaria que persigue el país.

Héctor I. Cordero Toledo, presidente de la organización, sostuvo que por decisión del mencionado ente regulador, la JSF, se redujo a cerca de la mitad el presupuesto de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), entidad que es la responsable de manejar el grueso de los programas de apoyo a los agricultores.

“Según información recibida por parte de la ADEA, de un presupuesto combinado que tenía la agencia, entre ingresos del fondo general e ingresos propios, por la cantidad de $120.2 millones, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó solo el uso de $6.4 millones del Fondo General obligando a la agencia a buscar $58 millones pues solo cuenta con $56 millones en fondos propios”, sostuvo Cordero.

Estos cambios significativos, recalcó, ponen en riesgo la prestación de servicios y productos para los agricultores de la isla”.

Lamentó el presidente de los agricultores que este recorte se impone a cuatro años del paso del huracán María, y en pleno proceso de levantar la agricultura puertorriqueña.

Explicó que la Ley 4-2010 crea la Administración para el Desarrollo de Empresas Agrícolas (ADEA), adscrita al Departamento de Agricultura y que esta agencia sirve como brazo operacional del Departamento de Agricultura pues su política pública y su función es fomentar el fortalecimiento y apoyo al agricultor, proporcionar la estabilidad y permanencia a estos en sus operaciones y en sus empresas agrícolas.

ADEA, agregó, es la agencia donde el agricultor recibe el apoyo del Departamento de Agricultura pues son los responsables de ofrecer las ayudas como Subsidio Salarial, incentivos de abono, y el pago del bono de navidad a empleados agrícolas.

“Este recorte de $58 millones se traduce en que todas las ayudas y programas de apoyo que los agricultores tienen derecho para el año fiscal 2021-2022 no puedan ser ofrecidos. Por ejemplo, el subsidio salarial necesita no menos de $33 millones y los bonos a empleados son otros $5 millones, por mencionar algunos”.

Según Cordero, durante los pasados años se ha visto una continua reducción en fondos de ADEA. Recordó que para el 2019 la agencia tenía un presupuesto de $150 millones y para el año fiscal 2021, que concluye en junio, hubo una reducción de $20 millones para un total de $130 millones. “Para el 2021-2022 los recursos disponibles para ADEA son de tan solo $62 millones.  Cabe la pena aclarar que los ingresos propios de la agencia provienen en su mayoría de la compraventa del programa del café, por lo que ya esa partida tiene nombre y apellido”, explicó.

Aseguró que con este tipo de medidas la seguridad alimentaria cada vez se pone en riesgo en la isla “cuando vemos cómo la reducción de presupuesto se enfoca en este sector, reto que se une a los antes ya expuestos como las tormentas y huracanes, pandemias y terremotos”.

Adelantó Cordero que los directivos de la Asociación están en espera de reunirse con personal de la Junta de Supervisión Fiscal, ya que durante el día del miércoles se comunicaron y le enviaron una carta solicitando audiencia de manera directa”.

Impacto directo sobre la leche

Por su parte, el presidente del sector de leche de la Asociación, Manuel E. Martínez Arbona, alertó que estos recortes impactarán con mayor fuerza ese grupo, agravando la situación de costos que enfrentan al presente los ganaderos.

Estimó en $12 millones el impacto de esos recortes sobre los productores de leche.

Según su desglose, se perderían $5 millones del programa de reembolso salarial; otros $4 millones de pareo gubernamental para inversiones agrícolas, programa en que el ganadero aporta la misma cantidad; y $3 millones en los programas regionales dirigidos a inversiones de $10 mil o menos, programa de crianza de becerras y actividades relacionadas al mejoramiento técnico de las ganaderías.

“Una cuarta parte de los incentivos está dirigido a incentivar la producción de la industria lechera a nivel de finca. Esta pérdida de incentivos es equivalente a 6 centavos de ingreso al ganadero por cuartillo de leche fluida vendido y agravará la difícil situación que ha causado el incremento de doble dígito en los costos de los insumos principales en las operaciones de ganadería tales como el alimento y los medicamentos del ganado así como la mano de obra”, advirtió Martínez Arbona.