Compararon el recorte a pensiones con un acto de violencia a la mujer.

Tres mujeres que representan a distintos grupos de pensionados y empleados públicos propuso que el recorte de 8.5% a las pensiones que contiene el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) es un acto de violencia contra la mujer, que estarían especialmente impactadas por la reducción, pidieron a la Legislatura que actúe con la Ley de Retiro Digno y se mostraron confiadas en que los pensionados no van a avalar con su voto el acuerdo al que llegó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF).

«Recortar pensiones es violencia», afirmó Sonia Palacios, portavoz de Construyamos otro acuerdo. Argumentó que la lucha que se ha mantenido en la calle en contra de las pensiones ha tenido éxito paulatino porque se han ido obteniendo concesiones, siendo la más reciente el adelanto de la JCF de que el recorte de pensiones ya no llegaría hasta los que reciben $1,200 mensuales sino que comenzaría en los que reciben $1,500.

Ante el hecho de que los pensionados tendrán oportunidad de votar para ratificar el acuerdo al que llegó el COR con la JCF, Palacios anticipó que sucederá como cuando la Asociación de Maestros votó en contra del acuerdo al que había llegado su liderato. La exfiscal defendió también que no se le debe dar peso a las amenazas de que una repudiación del acuerdo sobre pensiones puede llevar a la desestimación del caso de quiebras porque, a su juicio, la quiebra de Puerto Rico es un caso de experimento que está bajo la lupa de todo el mundo y del mercado estadounidense por lo que no sucedería una reversión del caso de quiebras.

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Eladia Centeno, portavoz del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros, enfatizó que las maestras retiradas son el 85% del magisterio jubilado, «por lo tanto, atentar contra la pensión de las maestras significa atacar y destruir la columna vertebral del sistema educativo». «La Legislatura tiene el poder en sus manos… tienen que ver si están a favor del pueblo o de garantizar súper márgenes de ganancia a los acreedores», apuntó en referencia al P de la C 120, Ley de un Retiro Digno, que ya fue objeto de una advertencia por parte de la JCF de que el gobierno no debe aprobarla y que la combatiría en tribunales si lo hacen.

De otra parte, Karen de León, vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), indicó que «la aprobación del P de la C 120 es urgente para proteger los servicios esenciales que ofrecemos las mujeres en el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, y en el resto de las agencias, corporaciones y municipios». «Como mujeres nos reafirmamos en que el pueblo es primero que los bonistas», concluyó.